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En Salazar Abogados trabajamos esta área con más de 40 años de experiencia en la misma y ofrecemos nuestros servicios de asesoramiento jurídico, asistencia letrada, defensa y reclamación en relación con el Derecho del Trabajo y Seguridad Social, como:
El artículo 35.1 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Tales derechos se regularon, conforme preveía nuestra Carta Magna, en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por primera vez en nuestro país en el año 1980. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones, que han dado lugar al Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que es la norma básica laboral en nuestro ordenamiento jurídico que regula las obligaciones, derechos y vicisitudes que surgen en la relación contractual entre un empresario y un trabajador: los contratos y tiempos de trabajo, los salarios y las garantías salariales, la promoción, la extinción del contrato de trabajo, los despidos, las faltas y sanciones a los trabajadores, el derecho de representación colectiva y el derecho de reunión, entre otros asuntos
Íntimamente unido al Derecho del Trabajo se encuentra el Derecho de la Seguridad Social, a la que ya se refería el artículo 41 de la Constitución Española, señalando que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
La regulación básica de la Seguridad Social se encuentra en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que engloba una modalidad contributiva, de ámbito profesional y financiación a través de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, y una modalidad no contributiva, de ámbito universal, y financiación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
La acción protectora de la Seguridad social comprende:
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